Por Adrián Moyano, para El Cordillerano (para leer en la página web del diario, hacer click aquí). 

En los últimos seis años, un grupo de 11 investigadores –entre ellos, cuatro barilochenses- se consagraron a indagar sobre el carácter genocida de las campañas al Desierto y Chaco, y sobre las características de la sociedad resultante. He aquí el resultado.

Al rememorar a María Elena Walsh y, aunque irónico, el título no deja ser certero. “En el país de nomeacuerdo” (sic) es el flamante libro que agrupa el trabajo de 11 investigadores e investigadoras pertenecientes a varias universidades, entre ellas, las del Comahue y Río Negro. El subtítulo es punzante: “Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios. 1870 – 1950”. El volumen está disponible en la página web de la Editorial de la UNRN y se alcanzó a presentar en la reciente Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, aunque todavía no está la totalidad de la tirada en la calle.

El Cordillerano dialogó con Walter Delrio, uno de los compiladores del trabajo, quien además aportó uno de los textos en co-autoría con Marisa Malvestitti, vecino de Bariloche el primero y de Dina Huapi, la segunda. “’En el país de nomeacuerdo’ está sintetizando el trabajo de dos proyectos de investigación que duraron tres años cada uno, de un equipo de trabajo interdisciplinario que corresponde a distintos centros de investigación: la Universidad de Buenos Aires, la de Cuyo, la de Río Negro y la del Comahue. El grupo viene trabajando el análisis histórico de las prácticas del Estado argentino con respecto a los pueblos originarios, en el proceso que va desde su sometimiento a fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, con la sociedad construida a partir de los eventos genocidas de las llamadas Conquista al Desierto y al Desierto Verde, es decir, los territorios y pueblos originarios de Pampa y Patagonia y de la región chaqueña”, introdujo el historiador.

“Tratamos de reconstruir las relaciones y los procesos históricos que tuvieron que ver con los procesos de detención, sometimiento, concentración, distribución, reparto de personas y su traslado a distintas provincias del país, no específicamente con las campañas militares sino en los momentos posteriores”, aclaró Delrio. “Es un análisis de los efectos de esas campañas sobre la población de los pueblos originarios y cómo afectó esto a sus relaciones sociales, a sus formas de organización social y comunitaria, que fueron desestructuradas en ese período”, añadió.

Dos secciones

Para mejor organización, “decidimos estructurar el libro en dos partes: la primera habla de los efectos concretos de las campañas. Hay un primer artículo (Delrio – Malvestitti) en el cual se trabaja sobre las memorias de los pueblos originarios sobre esas campañas, cómo los afectaron de ahí en adelante y cuáles fueron los cambios que les produjeron desde un punto de vista propio. También se aborda porqué esas historias no trascendieron en el tiempo y se impuso un relato oficial que contó la Conquista del Desierto como un episodio incruento, puramente bélico y parte de la historia universal de la civilización avanzando sobre la barbarie, en una construcción de la sociedad argentina sin pueblos indígenas”, señaló.

A continuación, “hay otro capítulo (Alexis Papazian – Mariano Nagy) que aborda el proceso de concentración de los prisioneros de la Campaña al Desierto, específicamente en Martín García, para observar cómo funcionaron esos centros de concentración y distribución de prisioneros, simplemente por el hecho de ser indígenas. Eso fue más allá del hecho de ser prisioneros de guerra, al convertirse en un nuevo artefacto: el campo de concentración. Terminadas las campañas, el proceso de distribución de personas estuvo en función de atender las demandas de fuerza de trabajo de distintos sectores, por ejemplo, la industria azucarera, la vitivinícola o el trabajo doméstico.

Demandas que recaían en la isla de Martín García, desde donde se proveía a los indígenas como fuerza de trabajo semiesclava”, describió el compilador. “La figura del campo de concentración y deportación excede totalmente al concepto de campo de prisioneros, propio de un conflicto bélico y de las reglas de la guerra. Por lo tanto, es parte de una práctica genocida destinada a la desaparición de esos pueblos sometidos como tales y su división, a partir  de la distribución de menores, borramiento de la identidad y separación de familias”.

El tercer texto (Diego Escolar y Leticia Saldi) “aborda el proceso de distribución de niños, específicamente en la provincia de Mendoza, porque fue uno de los puntos adonde fueron trasladados grandes contingentes de población indígena sometida y distribuidos entre familias cristianas. Se puede constatar a través de las actas de bautismo, en las que se puede comprobar el borramiento de identidad de los menores y su distribución en el territorio provincial con distintos objetivos, algunos para trabajar como criados y otros grupos más numerosos, en estancias y como subvención a la industria local”.

En la enumeración de Delrio, continuó el capítulo que “aborda el traslado de las personas prisioneras desde los lugares de detención que, en algunos casos, también significaron masacres de la población originaria, por ejemplo, en Pozo del Cuadril, provincia de San Luis (Diana Lenton y Jorge Sosa). La población superviviente fue trasladada al norte, a las provincias azucareras, especialmente a Tucumán. Así se establecen algunos recorridos familiares, de personas que fueron trasladadas desde la frontera ranquel a esos espacios de explotación”.

Hasta ahí los textos del primer segmento. “La segunda parte aborda lo que sería la sociedad constituida después de ese momento genocida. Genocidio se define como una acción asimétrica de un Estado hacia una minoría étnica o cultural, sobre la cual se operaron medidas desde el Estado que implicaron a instituciones de gobierno pero también de la sociedad civil, con el objetivo de desaparecer a un pueblo”, definió el historiador. “Entendemos que es genocidio porque esas medidas tuvieron como objetivo terminar con la existencia de esas organizaciones sociopolíticas que eran los indígenas. Se operaron mecanismos desde una asimetría de poder; entonces la segunda parte se enfoca en cómo es la sociedad construida a partir de ese genocidio. Ese Otro interno que se había incorporado, que se había dicho desaparecido o que estaba en vías de hacerlo, todavía ameritaba medidas específicas y especiales para su control y disciplinamiento”, precisó.

Sobre estos conceptos, “un capítulo aborda el caso de la meseta rionegrina subregión de Comallo y cómo se operan mecanismos para disciplinar a la población indígena, fundamentalmente, a través de las fuerzas policiales (Pilar Pérez – Lorena Cañuqueo). Cuál es la continuidad que existe entre las operaciones del Ejército al momento de las campañas y luego, cómo continuó el control social a partir de las instituciones policiales: la Fronteriza y la del Territorio, en connivencia con el Poder Judicial y los sectores de poder económico en la meseta rionegrina”. ¿Hace falta detenerse en realzar en cuánto contribuirá “En el país de nomeacuerdo” a la comprensión del presente?

En el norte también

El volumen finaliza con “otro capítulo que aborda la región chaqueña y cómo el Estado argentino instituyó colonias estatales vinculadas con la explotación azucarera, del algodón y de los quebrachales (Marcelo Musante). Éstas aseguraban la oferta estacional de la mano de obra a partir de traslados a los lugares de demanda de trabajo. El Estado favorecía así y seguía subsidiando a los sectores que requerían esa mano de obra”, aportó Walter Delrio, compilador junto a Diana Lenton, Diego Escolar y Marisa Malvestitti de “En el país de nomeacuerdo”.

Añadió que “el otro ejemplo fue el Territorio Nacional de Formosa, enfocado en las misiones anglicanas, demostrando y profundizando sobre las formas de disciplinar, incluso en la concepción de la mujer, de la familia y de la sociedad indígena que era recluida en esas misiones. Aquí también, en la nueva sociedad, los pueblos originarios son entendidos como restos, no como unidades sociopolíticas vigentes y con derechos, que debían ser civilizados para luego ser incorporados a partir de dejar de ser indígenas”. Percepción que reflotó con vigor en los últimos dos años.